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Escrito por: Yulieth Mora


Un futuro distinto

 

Se estima que en Colombia casi la mitad de las personas que han hecho parte de grupos armados al margen de la ley ingresaron cuando eran menores de edad. De acuerdo con cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), entre 2003 y 2016 se desmovilizaron 57.923 miembros de organizaciones ilegales; colombianos que a lo largo de su vida han sobrevivido al combate y a la hostilidad de la guerra, y por su condición han perdido sus derechos como ciudadanos.

Álvaro González Fortich, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con especialización en Administración y Gerencia de la Universidad de Harvard, trabajó en el sector privado por algunos años, pero luego la función pública lo envió justo al lugar que buscaba: desde hace 7 años trabaja en la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y hoy es el coordinador del proceso de reintegración a la vida civil en el departamento de Bolívar.

“Si miramos la Costa como región, alcanzaron a entrar en el proceso de desmovilización cerca de 12.000 personas distribuidas por todo el departamento. Hoy en día podemos decir que casi una tercera parte ha finalizado el proceso de reintegración. Este ha sido un modelo para otros países que viven o han vivido el conflicto y han visto la posibilidad de reintegrar a las personas para superar sus vulnerabilidades a través de competencias y habilidades que les permiten sostenerse en la legalidad”, explica González Fortich.

No obstante, dejar las armas es el primer paso de un proceso que puede llegar a durar más de 6 años y medio en casos de analfabetismo, aunque puede producirse en menos tiempo si se cuenta con un grado de escolaridad. Además, el modelo se ocupa de trabajar en áreas psicosociales, educativas, laborales, de salud y seguridad. “A cada persona se le diseña un plan de vida y se priorizan las dimensiones que puede potencializar desde su desarrollo. Con base en ese plan se organizan objetivos año tras año, dependiendo de las necesidades de cada

uno… El SENA es el gran aliado del proceso, la persona opta por un empleo o puede desarrollarse como empresario”, dice el ingeniero Uniandino.

Según el estudio “Retorno a la legalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia: dimensiones del fenómeno y factores de riesgo”, realizado por la Fundación Ideas Para la Paz, que contó con la colaboración de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, en 2014 el 76 % de la población desmovilizada no es reincidente, mientras que el 24 % restante sí lo es.

“Lo que se discute en este momento es ¿qué otra manera existe para darle tratamiento a las personas desmovilizadas? La gente habla de la cárcel y lo que está demostrado es que una persona que pasa por la cárcel, aquí o fuera del país, no se resocializa, sino todo lo contrario: el 66% de esas personas vuelve a cometer delitos. Si comparamos nuestro proceso con la alternativa obvia de mandar a la gente a la cárcel, claramente la cárcel es un modelo que fracasa en su propósito de resocializar, puede que castigue, pero lo que estamos buscando es reintegrarlos a la sociedad”, afirma González

De otra parte está el reto de la región: la autonomía en sus modelos de resocialización, que permiten considerar las características de los territorios y las culturas. Así lo explica González: “el proceso de reintegración no solo puede hacerse desde Bogotá y simplemente copiar y pegar para todo el país, sino que necesariamente debe llevar un componente territorial muy importante. En el caso del departamento de Bolívar, que es diverso, en el cual las necesidades de una persona que viva en Cartagena son muy distintas a las de una que viva en Carmen de Bolívar o Magangué, por ejemplo, hace que las soluciones de tipo rural cobren más vigencia en los municipios y enriquezcan el proceso”.

Sin duda, los retos son grandes, mucho más ahora con la refrendación de los colombianos a los Acuerdos de Paz firmados en La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc: “el reto que viene es vincular a las empresas a nuestros procesos; hoy en día, a nivel nacional, más de 600 empresas generan

mecanismos de participación a los desmovilizados, que van desde empleo, donación de tiempo de sus ejecutivos en procesos de formación, prácticas, entre otros, pero creo que debe hacerse de una manera más activa de la que se viene dando. Creo que ese es un regalo que se da la sociedad a sí misma. Es darse la oportunidad de no repetir signos de violencia. Sabemos que muchos tuvieron un pasado oscuro, pero ese pasado no tiene por qué marcar su futuro”, comenta el ingeniero industrial que hoy más que nunca tiene la esperanza de que la sociedad no estigmatice a los desmovilizados para que estos colombianos transformen su vida y tengan otra historia que contar.

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