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Tener acceso a luz, agua o alcantarillado es un privilegio para más de 230 mil personas en Bogotá. Solo en la capital hay 55.400 familias viviendo en 125 asentamientos informales, como si toda La Guajira estuviera en situación de pobreza, habitando un territorio de vulneración extrema. Así lo refleja el Primer Informe de Asentamientos Informales Derecho a Bogotá, realizado entre 2014 y 2015 por la organización TECHO Colombia.


Escrito por: Lina María Ayala


 


 
LA INICIATIVA QUE DEMARCA LA REALIDAD

 

TECHO es una organización de origen chileno presente en Latinoamérica y el Caribe. Se fundó en 1997 y, desde entonces, su principal intención ha sido combatir la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que viven miles de personas. Sin duda, la iniciativa de realizar el estudio Derecho a Bogotá está ligada al objetivo de la organización, pero también al propósito de entender, conocer y visibilizar la situación de los asentamientos informales en Bogotá, no solo para tener una cifra real de la problemática, sino para acercarse a la realidad y comunicar que no es lejana. Es una realidad para ver de cerca.

 

 

Para Daniela Carvajalino, directora social de TECHO Colombia, existen muchos estigmas alrededor del tema, ya que cuando no se conoce la realidad de la problemática, se da la tendencia a establecer calificativos o falsas realidades. No se trata de ladrones o delincuentes que habitan en los asentamientos, sino de personas iguales al común de las que viven en Bogotá, con el mismo derecho a tener una vida digna, vivir en un lugar adecuado y acceder a los servicios públicos. Son vecinos de esta ciudad capital. “El estudio abarca la problemática del asentamiento informal desde su generalidad y desde un enfoque de la informalidad y no de la legalidad, que es muchas veces como se conciben a estas personas -ilegales que ocupan territorios-, pero hay un desconocimiento de todo lo otro”, explica Carvajalino.

 

 

Cerca de 300 voluntarios hicieron parte de la construcción del informe. Era necesario llegar a zonas a donde las organizaciones gubernamentales no habían logrado llegar y de las que no tenían información base por ser consideradas zonas rojas y peligrosas. Antes del estudio se conocía que los asentamientos estaban ubicados en Soacha, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, y a partir del levantamiento de la información se pudo evidenciar que, si bien el 50 por ciento están concentrados en Usme y Ciudad Bolívar, también están en la periferia de 11 localidades de las 19 que tiene la ciudad.

 

LA VIOLENCIA: UN FACTOR DETERMINANTE

 

No son solo familias de bajos recursos las que viven bajo estas condiciones. Cerca del 50 por ciento de los habitantes de los asentamientos también son víctimas del conflicto armado. Al respecto Carvajalino afirma: “Estamos hablando de víctimas del conflicto, y este tiene que empezar a ser un tema importante para la construcción de paz. No podemos pensar en el desarrollo solo rural sino en el de ciudades que sean inclusivas. El desafío no solo es cómo recuperamos lo rural sino también cómo hacemos de lo urbano un escenario donde no se vulneren derechos”.

 


Colombia lleva muchos años en conflicto, y desde su inicio empezaron a conformarse los primeros asentamientos informales en la ciudad. Derecho a Bogotá reflejó que en los años 60 se constituyeron el 10,4 por ciento de la cifra total, asentamientos a los que  nunca se les dio una solución y no han sido legalizados. Desde entonces van en aumento, y son más las familias que establecen un hogar en un territorio inadecuado, sin condiciones básicas de vida como acceso a servicios públicos y de salubridad. 

 

 “Si queremos un país en paz tenemos que empezar a ver al otro como un sujeto igual de importante y valioso como yo; realmente no verlo desde la verticalidad sino desde la horizontalidad. Se debe reconocer a todas las personas que han sido vulneradas, y deben ser reconocidas no como víctimas sino como sujetos de derecho que necesitan oportunidades diferentes a las que se les han brindado hasta hoy”, afirma Carvajalino. 

 

EL PAPEL DEL GOBIERNO DISTRITAL 

 

A pesar de que las cifras de pobreza y desigualdad en Colombia están disminuyendo, el estudio realizado refleja que los asentamientos en Bogotá son una realidad que no se puede desconocer, y que se deben crear políticas públicas para estos territorios a donde las organizaciones gubernamentales no están llegando de la forma más efectiva. 

 

 

Respecto al papel que juega el gobierno distrital de Enrique Peñalosa, la directora social de TECHO afirma: “Es importante lograr comunicación. Nos preocupa mucho que si bien él plantea una idea de construcción, de trabajar en el tema de vulneración, de calidad de vida y de inclusión, habla más de la población en condición de discapacidad y no entra a hablar de la inclusión de las personas que viven en pobreza. Cuando aborda el tema de la periferia, habla más del control de la ilegalidad. Y si lo considera ilegal es porque tiene una perspectiva diferente”.

 

Desde su posición, Carvajalino tiene claro que no se puede seguir delegando la responsabilidad únicamente a los gobiernos y esperar que el cambio se genere desde allá, pues el cambio se da desde cada uno de los habitantes del país y de la ciudad. Desde pequeñas acciones se pueden transformar realidades.

 

VOLUNTARIADO COMO AGENTE DE CAMBIO SOCIAL

 

Realizar un estudio como Derecho a Bogotá implica un presupuesto económico muy elevado. Sin embargo, gracias a los voluntarios que hicieron parte de él, se invirtieron un poco más de 100 millones de pesos. Dentro de los planes de TECHO está la ampliación del estudio en otras ciudades para demarcar un panorama nacional, y se pretende lograrlo precisamente con esa voluntad de querer transformar y ser agentes de cambio. “Es impactante ver que hay muchos jóvenes capaces de hacer las cosas, desde su voluntad y su deseo de querer transformar”, explica Daniela Carvajalino.

 

Sin duda, Alianza Social Uniandina – ASU hace parte de esos agentes de cambio que transforman la sociedad. Es así como mantiene una estrecha relación con TECHO Colombia, pues ambas organizaciones hacen parte de la Asociación Colombiana de Esfuerzos Voluntarios – ACEV y trabajan para cambiar la perspectiva que se tiene en Colombia frente al voluntariado. Juntas buscan fortalecerlo y crear un todo de la mano del gobierno, las organizaciones y las universidades.

 

 

Cabe tener presente que, según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica y el séptimo del mundo. Hoy los asentamientos informales son el reflejo de una posición que no enorgullece. Como bien lo explica Carvajalino: “Los asentamientos informales son el escenario donde se materializa la desigualdad más extrema en el territorio, y cualquier persona que esté inconforme con eso debe tener este informe en la mesa de noche, conocerlo y apropiarse de esa realidad para transformarla desde cualquier acción". Y usted ¿qué está dispuesto a hacer?

 

 

 

 

 

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